La propuesta que presentó Alicia Pierini, defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, incluye "la prevención integral, la investigación, el ejercicio prudente de la coerción estatal, el auxilio a la justicia y la recuperación o reinserción del sancionado".

El proyecto de ley Marco para un Sistema Integral de Seguridad Pública establece que "la policía de seguridad tendría como misión la preservación y protección de la libertad y los derechos de las personas".

En otro punto plantea que sería dirigida por un funcionario civil designado por el Jefe de Gobierno cuya función "será impedir, evitar, conjurar, disuadir, obstaculizar o limitar la comisión de hechos delictivos y de neutralizarlos o contrarrestarlos en forma inmediata para evitar consecuencias ulteriores”.

Este proyecto define a la prevención como: "las acciones destinadas a evitar, obstaculizar o limitar hechos que en caso de producirse pudieran resultar violatorios de la seguridad pública, así como el análisis de las causas y las acciones destinadas a reducir las condiciones de producción de tales hechos".
Esta ley de Seguridad Pública tiene por objeto "mantener el orden público en la Ciudad, prevenir y proteger la integridad de las personas y sus derechos, investigar, perseguir y reprimir la comisión de delitos, contravenciones u otras vulneraciones del sistema legal vigente, auxiliar al sistema judicial, capacitar al personal afectado, atender a la seguridad e integridad de las personas en casos de catástrofes, siniestros o emergencias y participar en las acciones tendientes a reducir las causas sociales de las conductas transgresoras"

La autoridades de seguridad tendrían que elaborar un Plan de Prevención Integral que "atienda de manera multidimensional la problemática de la seguridad pública, teniendo en cuenta la diversidad casuística, la especificidad de cada delito y su cadena particular de producción".

La iniciativa platea dos cuerpos policiales diferenciados: la policía de seguridad y la policía de investigaciones. El personal de seguridad deverá adecuar sus conductas y prácticas a: "las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en particular el Código de Conducta para a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, y de los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego".

Asimismo la nueva policía porteña tendría que "evitar todo tipo de actuación funcional que resulte abusiva, arbitraria o discriminatoria, que entrañe violencia física o moral contra las personas, escogiendo las modalidades de intervención adecuadas a la situación objetiva de riesgo o peligro existente y procurando la utilización de los medios apropiados".

Por último la propuesta de la Defensoría de la Ciudad establece el "control administrativo de los cuerpos policiales estará a cargo de un organismo independiente de los mismos. Es objeto de este organismo planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y sancionar aquellas conductas vinculadas con la actuación del personal".