Los responsables del área de salud y discapacidad de la Defensoría de la Ciudad iniciaron de oficio una investigación sobre la entrega de los certificados de discapacidad.

La emisión de los certificados de discapacidad se derivan de la aplicación del Convenio Nº 10/06 entre el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y el área de salud del Gobierno porteño que establece la capacitación técnica y científica a cargo del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad de acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) y del Decreto Nº 795/2007 y la Resolución Nº 1562/2007 del Ministerio de Salud porteño.

En ese sentido, la Defensoría expresó su preocupación: "las dilaciones operadas en cuanto a la implementación de la CIF -aprobada por la O.M.S. en el año 2001- perpetuándose un criterio médico que no promueve acciones positivas para la inclusión social del colectivo de que se trata. Normalmente, la situación de discapacidad resulta una limitante que se origina en el entorno social en el que la persona debe insertarse, ya sea por cuestiones de orden personal o ambientales, sin reparar en las potencialidades de una persona que funciona diversamente al común de lo considerado dentro de los parámetros de normalidad imperantes, pero que “funciona” como ser humano que es, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus necesidades y según los recursos de que disponga; recursos que deben garantizarse mediante aquellas medidas afirmativas que disminuyan la vulnerabilidad a la que la discapacidad podría someterla".

La Defensoría del Pueblo también recomendó mantener actualizada una base de datos que posibilite la confección de un padrón local de personas beneficiarias de las certificaciones con el objeto de agilizar la renovación del respectivo certificado.

En cuanto a las personas en situación de calle expresaron: "los casos de personas con discapacidad que se encuentran en situación de calle -y, en consecuencia, por demás expuestos a mayores riesgos de robo o extravío de su documentación personal- quienes ni siquiera podrán acreditar su identidad, domicilio y demás circunstancias requeridas para renovar un certificado de discapacidad que, en oportunidad de su pérdida, aún tenía vigencia. Tal situación hace ingresar a la persona afectada en un circuito burocrático perverso, dado que las gestiones necesarias para acceder a una nueva certificación le impone al interesado la obligación de efectuar múltiples traslados en transporte público, para lo que le resulta indispensable contar con el certificado que acredita su derecho a la gratuidad. En virtud de lo manifestado, es imprescindible que se asegure la expedición de un segundo testimonio del instrumento en forma inmediata, de modo de no conculcar el ejercicio de los derechos que acuerda".

En otro punto, la Defensoría le pidió a la Ministra de Salud de la Nación, María Graciela Ocaña, que proceda a la aplicación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

Por último, recomendó al señor Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Jorge Daniel Lemus, que "asigne a las Juntas de Evaluación que certifican discapacidad un lugar único accesible física y comunicacionalmente, en el que se atiendan todos los tipos y grados de la misma, dotado de los recursos humanos y materiales indispensables para facilitar la atención de las personas con necesidades especiales".