Según un estudio del Servicio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires de 2005, el 56 por ciento de los habitantes del país tienen algún antepasado indígena.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1.550 instituyó el 21 de junio como Año Nuevo de los Pueblos Originarios, reconociéndoles el derecho de faltar ese día a clases, a alumnos y docentes con antepasados indígenas. Inti Raymi, Machaq Mara, Mara T'aqa, Mosoq Wata o Wiñoy Xipantu son los distintos nombres con que los pueblos originarios denominan a su año nuevo, en el sur mapuche se llamará we tripan antu (el nuevo sol que nace); en el norte será el Machac Mara o Inti Raymi de los pueblos aymara y quechua.

El 9 de diciembre de 2004,  la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el día 21 de junio como "Año Nuevo de los Pueblos Originarios" ya que a partir de la entrada al invierno se abre el ciclo agrario de las siembras. Las semillas, las jatha-muju, caerán de las manos de los sembradores, mujeres y hombres, a los acogedores pliegues de la madre tierra para iniciar su ciclo de vida. Así las voces de los pueblos originarios son las semillas que anidarán en nuestro piwke, nuestro corazón.

Los pueblos originarios de la Argentina son 22 y atraviesan 17 provincias, de acuerdo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

Uno de los gestores de la ley 1.550 fue Enrique Samar, director de la escuela 'General Manuel Nicolás Savio' del Bajo Flores que al incorporar el Inti Raymi en la agenda escolar motivó a revalorizar el multiculturalismo en el país: "Logramos que lo incorporaran a la agenda en el 2005. Un grupo de chicos que participaba del proyecto 'la legislatura y la escuela', donde hacían de diputados por un día y presentaban proyectos, armaron uno que llegó a la Legislatura de la Ciudad. Este fue aprobado con pequeñas modificaciones y se convirtió en ley" explica a la prensa Samar.
El Inti Raymi o "fiesta del sol" es una ceremonia dedicada al momento de mayor alejamiento de la Tierra y el sol (solsticio de invierno) y el comienzo de un nuevo ciclo"
En materia legislativa nacional aún esta vigente la Ley nacional 26.160 de Emergencia en la posesión y propiedad indígena que prohíbe el desalojo durante cuatro años y obliga al Estado a demarcar los territorios conjuntamente con los representantes indígenas.