El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos sostiene que " El sometimiento a las condiciones de explotación que sufren los inmigrantes de Bolivia en territorio argentino, forma parte de las características más aberrantes y depredadoras que son propias del sistema en esta etapa de globalización neoliberal.

Estos hechos que han impactado recientemente sobre la opinión pública, evidencian una cadena de complicidades y corrupciones que involucran a empresarios inescrupulosos de ambos países, así como la inexistencia de controles eficaces por parte del Estado argentino, cuando no directamente el cohecho de parte de alguno de sus agentes".

En un comunicado de prensa argumentan que "los testimonios recogidos por los medios periodísticos en los últimos días muestran hasta donde llega la degradación de la conciencia social y la instalación de los disvalores en la comunidad, cuando la desesperación de los marginados y excluidos los lleva a aceptar esas condiciones aberrantes de esclavitud, a cambio de un poco de pan y un techo".

Cabe recordar que, después del incendio de un taller textil de Caballito, donde murieron seis inmigrantes bolivianos que trabajaban en condiciones de semi esclavitud, se puso en funcionamiento el Programa de Normalización Documentaria Migratoria como un "procedimiento especial de regularización que comprenderá a nacionales de Bolivia que hayan sido víctimas de explotación laboral en talleres clandestinos de costura o establecimientos similares". 

En su oportunidad, fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, planteó que 10 mil inmigrantes iniciaron trámites de regularización en el primer día de aplicación del Plan Patria Grande, instrumentado para normalizar la situación de más de 750 mil personas que viven en el país en condiciones irregulares. 

Por último y frente a esta problemática el IMFC señala: "Frente a semejante cuadro de atropello a los más elementales derechos humanos, cuya brutalidad golpea la sensibilidad de quienes sostenemos valores éticos y morales, no alcanza con denunciar, incautar maquinarias y cerrar establecimientos ilegales, sino que se deben establecer soluciones urgentes, eficaces y sustentables para garantizar la dignidad de las personas, trabajo decente e inserción social.
En ese sentido, el Estado tiene un papel indelegable y debe actuar con políticas públicas de alcance universal y medidas concretas, entre las que podemos enumerar la asignación de recursos financieros, la asistencia técnica, el otorgamiento de las máquina decomisadas a los operarios, la capacitación para formar cooperativas de trabajo y la instalación de mercados comunitarios o cooperativos, donde esos trabajadores asociados solidariamente pueden comercializar sus productos.
Para ello, el movimiento cooperativo puede aportar su experiencia y brindar la colaboración de sus recursos humanos, en función de lograr que la crisis se transforme en una oportunidad para las familias de bolivianos y argentinos que permanecen bajo la línea de pobreza o sufren directamente la más cruda de las indigencias".