Al tiempo que el pasado jueves 10 de julio, la Legislatura porteña aprobaba por unanimidad la aplicación de parte de la ordenanza 42.581 que contempla un promedio de diez pagos de 2.000 pesos destinado a arreglos menores de vidriería, cerrajería, limpieza de tanques, destape de sanitarios, recarga de matafuegos, iluminación o control de ascensores para discapacitados, entre otros, las asociaciones cooperadoras continúan reclamando los pagos del subsidio.

Cuando el Gobierno de la Ciudad promulgó la Ley de emergencia edilicia, las asociaciones cooperadoras escolares dejaron de recibir los subsidios de mantenimiento y de la realización de obras en el establecimiento. Operatoria remplazada por una caja chica de $1.500 mensuales para los arreglos de menor envergadura. manejada por los directores de las escuelas.

Por su lado, la Cooperadoras del Distrito Escolar Nº 12, de los barrios de Flores, Floresta, Villa Mitre y Santa Rita, expresan "Argumentar oscuros manejos financieros y/o falta de eficacia en el manejo autogestionado de los fondos públicos por parte de las Cooperadoras, es desviar la atención y confundir. Suprimir el subsidio de mantenimiento por dicho argumento es una falacia. Si la supresión obedece a que el Estado se hace cargo de sus edificios a través de grandes contrataciones, les decimos que mediante dicho subsidio ya se hacían cargo, y de manera democrática, lo que no inhibe, por supuesto, al propio Estado de hacerse responsable de mantenimientos mayores" y agregan "La supresión de dicho subsidio pondrá, en breve plazo, no-solo en peligro el mantenimiento de un edificio digno, sino también de lo que en él acontece: el proceso de enseñanza y de aprendizaje".
Por su parte, los padres de la comunidad educativa del Distrito Escolar N 4º  de los barrios de San Telmo, Barracas, La Boca sostiene en el mismo sentido: "Desde comienzos del ciclo lectivo muchos gastos que hacen al mantenimiento cotidiano, la seguridad y la higiene de las escuelas han tenido que solventarse a través de los fondos que se recaudan de la propia comunidad escolar, demostrando la deserción del Estado en la provisión de los recursos para asegurar un ámbito digno y adecuado donde los alumnos puedan estudiar. En tanto, otras reparaciones y tareas de mantenimiento -por su magnitud- no han podido efectuarse, acentuando la situación de Emergencia Edilicia, que la ley 2.565 quiso solucionar".